Historia judicial
de El Batracio Amarillo
Un conocedor de la
agitación satírica del siglo XIX, en cuya segunda mitad proliferó la
prensa satírica por toda Europa (sobre todo en Inglaterra, Francia,
Suiza, Italia, Alemania, Portugal y España), reconocerá en la revista
granadina
El Batracio Amarillo la encarnación de aquel espíritu: alegre,
combativa, indignada con la injusticia social, acreedora de atención
constante y rémora de los políticos y malos gestores de la función
pública. En suma: periodismo vivo, con profuso aparato gráfico y
acompañado de un sentido cáustico de la mordacidad.
La historia de esta
publicación ya fue narrada a rasgos generales por el periodista Miguel
Ángel Alejo en esta misma revista electrónica, a él les remito
[ leer artículo ]; ahora sobrevolaremos
esa historia remitiéndonos a documentos de prensa, sentencias judiciales
y los propios ejemplares.
El Batracio
Amarillo fue ideada como fanzine de exactamente 91 ejemplares de
tirada en 1993, el seno de la Universidad, donde era fotocopiado
clandestinamente en los departamentos de las facultades de Psicología y
de Ciencias de la Educación, según ha reconocido su director. En El País / Andalucía
de 8-IX-1999, Antonio José Martín (Motril, 1970) contestaba a la
entrevista que le practicaba Francisco J. Titos en Granada del siguiente
modo: «La creamos hace seis años varios compañeros de la Universidad de
Granada. Estábamos hartos de que se tildara a la juventud de pasota y
quisimos demostrar que el pasotismo podría ser una forma de protesta.
Igual que la locura es una forma de cordura y la libertad puede ser una
auténtica cárcel». En esa misma entrevista decía Martín que «aunque
Martínmorales opina que hacemos un “humor de choque”, nuestro trabajo
encierra una reflexión filosófica, a pesar de lo cual hay autores que
hacen reír con gran habilidad».
La publicación fue
fundada por Paco Cantalejo, Antonio José Martín y Francisco Javier
Martín. El segundo de ellos, el editor, había cursado estudios de
derecho al
tiempo que firma como “Gato” elaborando caricaturas, chistes e
historietas sobre la vida universitaria. F.J. Martín, director, había
estudiado psicología en 1992, cuando se funda la revista cursa pedagogía
y había
hecho sus pinitos periodísticos en la Cadena COPE y en
Ideal. En el último reside un fuerte espíritu increpador, que ya
declaraba en Ideal del 20-XII-1994 (La Uni # 7): «se puede
escribir lo que se quiera [pero] con un poco de humor (...) [hay que
redactar] articulillos, sin miedo, porque aquí no tenemos problema de
firmar con seudónimo.» La pretensión inicial de la publicación era
informar sobre asuntos de carácter social, distribuyéndose por foros
universitarios y facultades. Existía una página llamada "Correrías de
pasillos" donde se cuestionaba la labor docente de ocho profesores todos
los meses, cuatro en el apartado "Lo mejor" y el resto en "Lo peor". Se
trataba de hacer crítica de la Universidad de abajo a arriba, no de «arriba a
abajo» como hacían
GU y otras publicaciones hechas para estudiantes pero sin contar con
ellos, en opinión de los responsables de El
Batracio Amarillo, y se
repartía
de modo gratuito con el sostén de la publicidad que pagaban copisterías
y bares cercanos.
Su filosofía amparada
en el desparpajo («Si tú quieres decir que tal o cual profesor lo hace
mal, di que es un chuminoso y dilo con gracia», op. cit.) fue
acogida de buen grado por los estudiantes y del tercer número ya se
tiraban 200 ejemplares. Él ánimo satírico de su editor y director no
paró ahí, extendieron sus comentarios a otros centros docentes, a otras
instituciones y, finalmente, hasta la cúpula del poder público
motrileño, el Ayuntamiento. En 1996 ya eran revista y declaraban una
tirada de 15.000 ejemplares (en carta de Antonio J. Martín Merlo al
director de Ideal
de 25-IV-1996), si bien el propio editor rebajó esa cantidad a
12.000 en la entrevista publicada en El País 8-IX-1999 [Tebeosfera
ha tenido conocimiento de una de las facturas de imprenta fechada el
18-IV-1997, en la cual se especifican tan sólo 4500 ejemplares; en este
caso, puede tratarse de una parte de la edición].
Ese éxito estuvo
jalonado (y también sostenido) por constantes problemas con autoridades
de colegios e instituciones. Sobre todo debido a las denuncias
publicadas en la revista de los Martín Merlo había que trascendió y que
propició una comisión de investigación sobre las desmesuradas partidas
que el Ayuntamiento de Motril había destinado en gastos suntuarios
durante el mandato del alcalde socialista Luis Rubiales, y también de su
predecesor, el socialista Enrique Cobo. Entre 1997 y 1999 se desató un
híspido clima de hostilidad entre el PSOE motrileño y El Batracio
Amarillo, por un lado amenazando con continuas querellas sobre los
contenidos de la publicación (y con la edición paralela de una revista,
La Verdad, que intentó desmentir las acusaciones vertidas en la
publicación satírica), y por el otro insistiendo en denunciar las
irregularidades del edil y su equipo y satirizando a los funcionarios y
políticos de la zona.
El Mundo de 8-VI-1997,
en el encarte Andalucía, hacía pública la puesta en
funcionamiento de la comisión investigadora para intentar aclarar
aquellos gastos suntuarios: un almuerzo para 30 personas que supuso a
las arcas municipales 287.648 pesetas, 102.080 pesetas por dos alfileres
de corbata, 17.840 pesetas por una medalla conmemorativa... cinco
millones de pesetas gastados entre 1995 y 1996. Según aquel periódico, a
raíz de lo sucedido, el teniente de alcalde Nicolás García «recomendó» a
los medios informativos que no tocasen el caso. El País y otros
medios locales se hicieron escaso eco de la noticia... Sobre la idea de
que los medios manipulaban o ciertos grupos de poder censuraban los
contenidos de las publicaciones independientes, como El Batracio
Amarillo, insistía Antonio José Martín "Gato" en Ideal / Granada
(6-IX-1999) durante la celebración del foro de debate celebrado en
Almuñécar bajo el título “El humor gráfico en la prensa actual”, al que
asistieron Ángel Rodríguez Idígoras, Melchor Saíz-Pardo, Francisco
Martín Morales, Guillermo Soria, Forges, Peridis... Soria comentó
entonces que los caricaturizados y satirizados se sentían lógicamente
molestos porque «el humor es lo que más se acerca a la verdad (...) el
hecho de que haya censores y de que exista la presión social es una de
las situaciones que más deseamos los humoristas porque despierta nuestro
ingenio a la hora de realizar nuestro trabajo». Idígoras comentó que
entre los humoristas se da la autocensura porque
[se
cita el texto de Daniel Olivares publicado en Ideal] «existen
símbolos, ya sean religiosos o morales, que se pueden considerar
intocables debido a su arraigo en la sociedad, o empresas que por su
fuerte posición económica ejercen un poder de presión sobre los medios
para evitar verse involucradas en algún asunto que pueda tener
consecuencias negativas para la misma.»
Algó así presidió la
trayectoria de El Batracio Amarillo. El primer incidente de
importancia tuvo lugar el 22 de abril de 1996 en el Instituto de
Bachillerato Francisco Javier de Burgos, cuando los autores procedían a
repartir la publicación entre los alumnos. Según declaró el editor, un
conserje se acercó para indicarles que estaba prohibido el reparto de
aquella publicación, lo cual coreó una profesora del centro que procedió
a secuestrar la edición: una caja con 225 revistas cuyo peso era de 30
kilogramos. Ante la presencia de la policía nacional, el
editor decidió desistir de su empeño en recuperar las publicaciones
sustraídas. En carta a Ideal comentaba el foco de la
controversia: «el origen de tal despropósito, es la sección Correrías
de pasillos, en la que evaluamos, mediante encuestas previas, la
labor del profesorado, tal vez con el mismo derecho que posee éste para
evaluar la de sus alumnos y alumnas.» Este hecho trascendió lo
suficiente como para ser recordado en la televisión, por Pepe Navarro
(Tele 5), lo cual no hizo sino aupar la popularidad de la publicación.
Esa popular
siguió medrando al paso que se incrementaba la militancia satírica de
los integrantes del equipo de El Batracio Amarillo, observando un
enfrentamiento constante con las autoridades locales, según demuestran
las sentencias de algunos juicios que obran en poder del director de
Tebeosfera:
Sentencia
28/97 de 31-V-1997 (auto 151/97) sobre la denegación del derecho de
rectificación que se hace a Luis M. Rubiales López. El juez recordó que
la rectificación debe hacerse dentro de los 7 días naturales siguientes
a la difusión de la información y que por LO 2/1984 de 16 de marzo eso
no excluye la facultad de ejercitar acciones de otra naturaleza por la
parte demandante. Es decir, aunque El Batracio Amarillo
rectificase, el ofendido podría seguir querellándose por considerar
calumnioso o injurioso lo publicado en la revista. Así lo hizo. Ante la
negativa de los editores a rectificar sus noticias en la propia revista,
y ante la desestimación de la jueza, el alcalde solicitó mantener un
debate con el autor de la información, Manuel Fernández Olvera, por
Telemotril. Los editores exigieron que para acceder a mantener esa
entrevista habría de celebrarse en directo, con la presencia del alcalde
y no de un subordinado, y con Olvera de la mano del director de la
publicación. Entonces Rubiales advirtió que si la revista seguía en sus
trece acudiría a los juzgados.
El 18 de junio de
1997 la crispación medró cuando los responsables de la publicación
pidieron en el Gobierno Civil protección policial para repartir El Batracio
Amarillo por las calles de Motril. Esto ocurría, según
El Mundo / Andalucia (19-VI-1997): «tras el encuentro que el alcalde
de Motril, el socialista Luis Rubiales, mantuvo (...) con militantes de
este partido (...) de la que habría salido la consigna de hacer
con el mayor número posible de ejemplares y destruirlos». Según este
periódico, como la revista volvía a incidir en denunciar la corrupción
presumible de el alcalde y otros miembros del equipo de gobierno de la
localidad, habían contratado 10 vigilantes jurados para que acompañasen
a los repartidores a los puntos habituales desde donde se distribuía
mensualmente. Según nos aclara el director de la publicación, en
realidad el único apoyo que obtuvieron fue el de tres coches de la
policía secreta que deambularon de punto a punto de reparto.
La sentencia de la
Audiencia Provincial rollo 741/97 de 4-II-1998 resolvió sobre el recurso
de apelación presentado por Rubiales sobre la sentencia anterior (auto
151/97), confirmando la sentencia y cargando las costas al Ayuntamiento
de Motril.
Tras este prólogo,
comenzó la batalla judicial, encabezada por la demanda que concluyó con
la sentencia por juicio de faltas 157/98-J de 10-VI-1998 en Motril.
Entonces se resolvió sobre la denuncia presentada por Jesús Pérez
Sánchez a Manuel Fernández Olvera, Antonio José Martín Merlo y María
Dolores Sánchez Arjona por presunta falta al respeto a la autoridad. Se
les pedía 150.000 pesetas de multa. Fueron absueltos al no hallar el
juez afectación del orden público. El resto de sentencias se sucedieron
como sigue:
·
Sentencia de la
Audiencia Provincial de 4-XII-1998 (sobre autos auto 133/98) que
resuelve sobre el recurso de apelación presentado por Rubiales López
sobre sentencia anterior, confirmando la sentencia y cargando las costas
al Ayuntamiento de Motril. El Juez se basó en los fundamentos de derecho
de que el órgano judicial no puede convertirse en “censor” de lo que
pretende publicar una persona individual o jurídica.
·
Sentencia sobre
juicio de faltas 302/1998 de 15-II-1999 que resolvió sobre la denuncia
presentada por Jesús Pérez Sánchez a Manuel Fernández Olvera, Antonio
José Martín Merlo y María Dolores Sánchez Arjona por presuntas injurias.
Se les pedía 20 días de multa, a razón de 5000 pesetas por día, más el
pago de las costas procesales, más la obligación de publicar la
sentencia en la revista. Todo ello a raíz de un artículo acompañado de
imágenes satíricas publicado en
El Batracio Amarillo núm. 37 (XII-1997), ante lo cual el juez sacó a
relucir sentencias del Tribunal Constitucional: 159/86 de 12 de
diciembre, y las del Tribunal Supremo de 18-V-1989 y de 23-II-2001,
donde se especifica que: «la crítica por dura y áspera que sea no tiene
porque incidir en el reprocho personal [y que] no es injuria si no
menoscaban la honra de la persona contra quien se dirigen [y] si se
alude con carácter general, tampoco es injuria.»
·
Sentencia 769/1999,
sobre acusación de Francisco Urquízar por
sentirse injuriados por lo publicado en
El Batracio Amarillo. Se estima el recurso de apelación
interpuesto por los editores de la revista satírica.
·
Sentencia 92/2000,
sobre acusación de José Manuel Navarrete de sentirse calumniado por los
mismos tres autores, por causa de los escritos y chistes de los números
27 y 30 de El Batracio Amarillo. Absueltos.
·
Sentencia 145/2000,
pronunciada el 16 de marzo, sobre acusación de Rubiales, García y
Urquízar de calumnias. Resultan absueltos los tres.
·
Sentencia 289/2000,
sobre acusación de Rubiales, García y Urquizar por haberse sentido
injuriados ante lo declarado por Antonio José Martín Merlo en entrevista
concedida a Cadena COPE Motril el día 13 de junio de 1997. El editor de
El Batracio Amarillo resultó absuelto.
·
Sentencia 299/2000,
sobre acusación de Vicente Tovar Escudero que interpuso querella al
sentirse calumniado por los Martín Merlo, Fernández Olvera y Sánchez
Arjona, visto lo contenido en los números 27, 29 y 30 de El Batracio
Amarillo. Pedía 500.000 pesetas por vulnerar su derecho al honor.
Por hallar el juez que los apelativos “dócil” e “imbécil” eran de
carácter ultrajante al ir directamente dirigidos contra Tovar, recayó
sentencia condenatoria. Las 500.000 pesetas fueron abonadas por
Francisco Javier Martín Merlo el día 25 de julio de 2000. Los gastos
también corrieron por cuenta de la editorial.
·
Sentencia 660/2000,
sobre acusación de Rubiales, García y Urquizar por haberse sentido
injuriados por lo publicado en los número 24 y 25 de El Batracio
Amarillo. Tras el recurso de apelación, se mantuvo la absolución de
los delitos de calumnias e injurias graves, pero se les condenó como
autores de dos faltas de injurias leves, a multa de 20 días a razón de
1.000 pesetas diarias, más 100.000 pesetas por el daño moral inferido.
J. Antonio Martín Merlo abonó 220.000 pesetas el 16 de noviembre de 2000
y 40.057 el 11-IV-2001, y Dolores Sánchez Arjona, 20.000 el día 29-XI-2000,
para satisfacer las costas procesales.
El reflejo en prensa
de estos actos judiciales fue el siguiente:
En Ideal, de
11-III-2000, y El País, de 14-III-2000, se anunciaba al
público la absolución de los autores sobre anomalías tributarias en
Motril sobre la certeza documental que aportaron Manuel Fernández Olvera,
José y Javier Martín Merlo y Dolores Sánchez Arjona en El Batracio
Amarillo referida a la gestión de José Manuel Navarrete, responsable
de la sección Tributaria del Ayuntamiento. La acusación les pedía
satisfacer el pago de una multa de 7.500.000 pesetas. El País no
citaba el presumible conocimiento del alcalde socialista Rubiales de las
actividades de Navarrete, Ideal sí, además de dejar claro que al
ser los documentos ciertos prevalecía «el ánimo de informar respecto del
ánimo difamatorio (...) con independencia del estilo empleado por sus
redactores», lo cual se hace extensible a la historieta y el humor
gráfico con el cual iban aderezando en la revista las denuncias
escritas.
En El País,
de 25-III-2000, se daba fe de otra absolución de los autores de
El Batracio Amarillo, en este caso sobre la acusación hecha a
Rubiales y los miembros del Ayuntamiento Nicolás García y Francisco
Urquízar referida a los gastos suntuarios que fueron denunciados en los
números 24 y 25 de la publicación motrileña. Refería aquí el diario como
el juez había estimado que los calificativos publicados en El
Batracio Amarillo: «mangantes, vividores, granujas» eran expresiones
«insertas en el comentario a la información [propio] de una publicación
de tipo humorístico-satírico, especialmente dirigida a la crítica
política». Es decir, que no podía considerarse que El batracio
Amarillo tuviese «verdadera intención de lesionar el honor personal,
sino denunciar ante la opinión pública un gasto, a su parecer, excesivo
(...) y generar un clima que propiciara la más profunda investigación de
los hechos». Sobre este particular también se hizo eco Ideal, el
mismo día, calificando la actuación del juez como «una generosa defensa
de la libertad de expresión [porque los acusados] ejercieron una crítica
ciertamente hiriente, mordaz y feroz, pero para denunciar un asunto de
interés público». Y que «la sentencia admite que la crítica a los
poderes públicos puede resultar penosa para éstos, pero aclara que es
imprescindible en democracia». En El Mundo de 26-III-2000 se
recordaba que en El Batracio Amarillo se había llamado «esmayaos»
a los funcionarios del cabildo debido a las elevadas facturas de los
almuerzos.
En medio de aquel
clima de hostilidad, en 1999 tuvo lugar otro atentado a la libertad de
expresión de la revista motrileña aún más rocambolesco si cabe y en este
caso vinculado exclusivamente a una narración en viñetas. El Presidente
de la Junta de Personal de Correos y Telégrafos de Granada, Rafael de la
Poza, dirigió una carta circular (a costa de la institución estatal) a
los anunciantes de El Batracio Amarillo en la que se leía: «En el número
del mes de junio del presente año aparece en dicha publicación una
historieta que, en formato de comic y en tono jocoso y sumamente
ofensivo, alude a servicios muy concretos del Correo.
»Ha existido gran indignación del colectivo que representamos [porque]
las expresiones que aquí se emplean no dejan de ser sumamente
reprobables puesto que se humilla al más puro estilo chabacano y
barriobajero, no solo a una Institución, sino a aquellas personas que
día a día hacemos posible, con nuestro esfuerzo, el que Vd. pueda
recibir en su industria o negocio cualquier tipo de comunicación.
»Apelamos a su buen sentido evitando que en adelante su subvención
económica, al anunciarse en tan impresentable publicación, contribuya a
que este tipo de revistas de tan pésimo gusto, continúen apareciendo en
nuestro entorno.»
Véanse
las páginas de historieta aludidas a continuación [clic para ampliar]:
Por supuesto, los
anunciantes no respondieron ante tamaña ridiculez. De la Poza declaró
para El País del martes 13 de julio de 1999: «Una cosa es la
libertad de expresión y otra el insulto. Una cosa es decir que no
funciona Correos y otra poner a los funcionarios con cara de bobos. La
idea de escribir la carta a los anunciantes fue propuesta por uno de los
sindicatos y asumida por la junta de personal. Fue una forma de presión.
Sin más. Al personal le ha sentado muy mal, no por criticar al servicio
sino por las referencias que se hacen a ellos». En aquella historieta,
publicada en El Batracio Amarillo núm. 27, de junio de 1999, se
comparaba a los empleados de las oficinas de Correos de Puerta Real
(Granada) con «moluscos gasterópodos», pero no se hace ninguna otra
alusión insultante, salvo la denuncia de la lentitud y pereza de los
carteros manifestada en tono jocoso.
Juzgue el lector.
Pese a que la
actualidad se ceba ahora con Javier Martín Merlo debido a la agresión
presuntamente sufrida de manos (puños) del actual edil de Motril, gran
parte del alma de la publicación, de su filosofía, reside en la persona
de Antonio José Martín, quien destapaba su interior humanista cuando fue
entrevistado por Miguel A. Alejo para uno de los suplementos EVAS!ON
de Ideal del año 2000, motivada por la inminente publicación
de su libro Donde muere el río Parián. Allí A.J. Martín aportaba
su definición de humor: «El humor por fuera es alegría y amor, y por
dentro es tragedia, caos interior y pena mora. En el mundo no hay otra
cosa: vida, amor y muerte. El humorista es lo que nos queda de
filósofos, a veces muy trágicos, a veces con una dolorosa indiferencia.
Un humorista hace reír incluso se ridiculiza a sí mismo, pero no es más
que un truco muy hábil para no echarse a llorar (...) El humorista es el
homo sapiens luchando, como Sísifo, contra el homo imbécilis.»
Aún hoy, prosigue esa
lucha entre “especies” de homo, quedando pendiente de sentencia la pugna
entre el concejal Bonifacio Pérez y Javier Martín Merlo. Depositemos
nuestra esperanza en que prevalezca el imperio de la ley sin lesión de
la libertad de expresión.
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