«La ética es
la inteligencia aplicada a resolver los problemas que afectan a la
felicidad privada y pública.» José Antonio Marina.
Introducción
El 9 de diciembre de 2002, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca
condenó al dibujante David Ramírez Ros (conocido por sus historietas
humorísticas para B3, Dragon Fall o ¡Dibus!)
como autor de un delito de injurias a raíz de la demanda interpuesta por
Antonio Martín, ex editor de Planeta-DeAgostini Comics. Martín ya había
sido caricaturizado en varias ocasiones por varios dibujantes y por el
mismo Ramírez, quien solía satirizar a profesionales y aficionados a los
cómics en la revista informativa mallorquina Dolmen y que en su
número 51 publicó una historieta humorística en la que identificaba la
caricatura del citado editor por su nombre y luego le hacía objeto de
los siguientes calificativos: «viejo borracho nazi cabrón pederasta». No
obstante el editor de la publicación y el autor de la historieta
insistieron, privada y públicamente, en que el ánimo que les guió al
dibujarla y publicarla fue jocoso y no ofensivo, Martín no retiró la
querella; es más: la misma editorial Planeta-DeAgostini, como grupo
editorial, interpuso otra demanda contra Dolmen, que retiró al
poco. Finalmente, los jueces se han pronunciado a favor del demandante
condenando al dibujante, David Ramírez, «en concepto de autor de un
delito continuado de injurias graves con publicidad, sin concurrencia de
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena
de MULTA DE DOCE MESES con una cuota diaria de 2 euros, es decir 60
euros mensuales, abonables a razón de 180 euros trimestralmente, en
total 720 euros, y a que abone a favor de ANTONIO MARTÍN MARTÍNEZ la
suma de 4.000 euros más intereses legales, así como las costas
inherentes a la primera instancia.» Desconocemos la cuantía de las
costas procesales y las minutas de los correspondientes abogados, pero
podrían ascender a 12.000 euros.
El fallo condenatorio ha generado cierta polémica entre los aficionados
al cómic y los opinantes habituales de foros de internet y publicaciones
teóricas, pues lo consideran un ejercicio de justicia desorbitado que
podría haberse solucionado por otra vía. Pero lo cierto es que esos
mismos aficionados que han clamado por la defensa del sentido del humor
como mecanismo democrático de expresión, han vuelto a descalificar al
editor Martín, al tiempo que convertían a Ramírez en víctima
propiciatoria. De otro lado, los sellos editores Astiberri (de Bilbao) y
Dolmen (de Palma de Mallorca), con la coordinación del realizador
técnico y director del Estudio Fénix (de Barcelona), han puesto en
marcha un proyecto con el fin de recaudar fondos con los que paliar la
situación del joven dibujante condenado. Se trata de la edición de un
libro de cómics y humor para el que se ha solicitado la participación
solidaria de muchos jóvenes dibujantes y guionistas, a quienes se instó
para que produjesen obras bajo el lema “Por la libertad de expresión” a
consecuencia de lo sucedido a Ramírez. Este gesto, por más que sea
loable en sus intenciones solidarias, carece de lógica por cuanto en
ningún momento fue vulnerado el derecho a la libertad de expresión del
autor condenado o de la revista que lo publicó, que siguen trabajando y
publicando en la actualidad sin traba alguna.
Al poco, el día 13 de de enero, se produjo otro caso que trajo de nuevo
a colación viñetas con tribunales. Al parecer, un concejal de Motril y
el editor de la revista satírica El Batracio Amarillo se
enzarzaron en un
forcejeo frente al ayuntamiento de esta localidad granadina. Ambos
denunciaron al otro contendiente por agresión, y ambos aportaron sus
diferentes versiones. Europa Press emitió un comunicado de prensa en el
que se identificaba como víctima al edil, Bonifacio Pérez, concejal de
IU de Medio Ambiente, que dijo haber estado a punto de recibir un
manotazo del editor y que éste le habían roto sus gafas. También adujo
como posible razón para ser agredido la de su asociación con el PSOE en
el equipo de gobierno
local, el cual anteriormente había denunciado varias veces a El Batracio
Amarillo. Por su parte, el editor Javier Martín Merlo emitió otro
comunicado (que posiblemente no trascendió a los medios de comunicación
como el anterior si bien Tebeosfera lo difundió todo lo posible),
en el cual aclara las razones para hallarse indispuesto con el edil.
Según El Batracio Amarillo, Pérez se hallaba presuntamente
relacionado con actividades delictivas y de manipulación de los
patrocinadores de la publicación satírica y Martín señala que el
agredido fue él, tal y como atestigua un parte de lesiones y la
grabación de las cámaras de seguridad que se hallaban dispuestas en la
fachada del ayuntamiento de Motril. Esas cintas que contienen la verdad
de lo acontecido frente al Ayuntamiento «se ha borrado
por pura casualidad», según comenta Martín Merlo. El comunicado de
Europa Press no hace referencia a esta posible prueba videográfica.
Ambos casos, en los que desdichadamente han tenido que intervenir los
jueces y tribunales, nos han incentivado a realizar una mínima
investigación sobre el ejercicio de la sátira y la libertad de
expresión, con el fin de emitir una opinión lo más argumentada posible
sobre los sucesos comentados.
[se recomienda proseguir la lectura
utilizando la siguiente guía de lectura; los anexos tienen llamadas
desde cada una de las partes]
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