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Antecedentes en España. En España se ha observado similar trayectoria a la experimentada en otros países, contando a partir de 1812, cuando se ha datado que apareció la primera publicación satírica, en Cádiz: La Abeja Española. Los caricaturistas y humoristas gráficos patrios no se han quedado a la zaga a la hora de litigar, ya partiendo del caso de Luis Mariani, litógrafo, impresor, director y dibujante del semanario crítico sevillano El Tío Clarín, quien fue demandado en 1864 por sugerir con una caricatura que un concejal impedía el uso de los servicios públicos a los mendigos de la ciudad. 4000 reales le pidieron, lo cual hubiese obligado a cerrar la publicación. No fue así al sufragar la multa entre varias instituciones.
No es un caso
aislado, El Tío Clarín volvería a ser denunciado, el
madrileño Gil Blas también fue detenido en su alegre marcha por
demandas, como muchas otras publicaciones satíricas. Baste como ejemplo
modélico el caso de ¡Cu-Cut!
La censura y las demandas fueron habituales visitantes de las redacciones de la prensa satírica en la España en el período de entre siglos. Su presencia se incrementó durante la dictadura de Primo de Rivera, y mucho más desde que Franco impusiera una dictadura en España que duró 40 años. El humorista Evaristo Acevedo recuerda en su libro de 1976, Un humorista en la España de Franco (Planeta), que muchos humoristas tuvieron que someterse durante el franquismo al Fuero de los españoles, que databa del 17-VII-1945. Allí en el artículo 12 establecía la «libertad de ideas mientras no afecte a los principios fundamentales del Estado», lo cual estaba sujeto a muy laxa interpretación. Por consiguiente llovían suspensiones y secuestros de publicaciones, por muy moderadas que intentasen mostrarse. La mítica revista La Codorniz no se libró de ello: en II-1973 fue suspendida durante 4 meses y multada con 25000 pts. de las de entonces, por causa del cabrero del ministro Fernández Miranda. Álvaro de Laiglesia estaba acostumbrado a las citaciones procedentes del Tribunal del Orden Público, y ya contaban con un letrado fijo que les llevase esos asuntos, pero eso no podía evitar los constantes avasallamientos de los ministerios contra el libre ejercicio de la risa, y en abril de 1975 fue secuestrado otro número de La Codorniz, el dedicado a la Universidad, suspendiéndose de nuevo la difusión de la revista por 3 meses... Eso acabó por matar a la mítica cabecera.
Iván Tubau, eximio
investigador sobre nuestro humor gráfico, nos recordaba en 1987 (en su
modélica obra El humor gráfico en la prensa del franquismo,
Mitre, Barcelona) que si bien el humor gráfico era «una forma de
agresión» también consistía en un ejercicio de libertad que poco pudo hacer contra una censura feroz que obligó a los
humoristas a medirse muy mucho durante cuarenta años: En ese libro el
autor Puig Rosado acusaba a
Hablando de consentimiento, en el lado diametralmente opuesto a Hermano Lobo estuvieron las publicaciones Por Favor y El Papus. La primera, a los 4 meses de vida (el 21-VI-1974), fue suspendida cuatro meses y multado su director con 250000 pts. (de las de entonces, una millonada) por la acusación del ministro Pío Cabanillas de incurrir sus contenidos humorísticos en «lo fácil y en lo grosero». También fue secuestrado el número 185. El Papus, por su parte, sufrió 2 suspensiones de 4 meses, la máxima pena que el Ministerio de Información podía imponer por falta grave contra el art. 2 de la Ley de Prensa. También sufrió el secuestro de un número, pero lo peor le llegó el 20 de septiembre de 1977, cuando explotó la bomba que mató al conserje de la redacción. En el número de El Papus que vio la luz el día 8 de octubre de 1977 se clamaba por la libertad de expresión «asaltada». Desde que se consolidara la democracia parlamentaria como sistema político español se han reducido este tipo de agresiones, verdaderos “asaltos” a la libertad de expresión, en lo cual llevamos 25 años. Durante este tiempo, sin embargo, no han faltado casos de humoristas que se han visto frente a un tribunal para someter a juicio sus dibujos. Han sido sonados algunos de ellos: el del Gobierno Vasco contra Mingote, el del Tribunal Constitucional contra Ramón, o el caso de Zulet, de 1987, el cual creemos de interés por cuanto hemos conseguido el informe elaborado por Gonzalo Abril Curto, profesor de Teoría General de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que fue presentado y admitido como documento pericial en diciembre de 1987 en la Audiencia Nacional de Madrid, en el proceso penal por presuntos delitos de injurias al Rey y al Presidente del Gobierno españoles cometido en la revista El Cocodrilo. La acusación se formuló contra varios artículos escritos y un dibujo de Jesús Zulet [véase ficha del humorista en Tebeosfera], planteándose la existencia, de este modo, de un “delito conexo” por hallarse publicado en la misma revista. La causa, por fortuna, concluyó con sentencia absolutoria: Sentencia número 81 de 1987 de la Sala de lo Penal, Sección Tercera. Recordemos que la pena del delito de injurias al Rey estaba cuantificada en 12 años de prisión por entonces; por el delito de injurias al Presidente de Gobierno se añadían tres meses y 100.000 ptas. -600 euros de hoy aproximadamente-. Aquella sentencia recogía: «Los textos calificados de injurias no pueden contemplarse aisladamente sino en el contexto de los mismos, pues es completamente admisible que, con independencia de que sus términos gramaticales sean de gusto deplorable, procaces y hasta groseros, muy del uso actualmente en medios de tan enorme difusión como la radio y la televisión, pronunciados incluso por personas de indudable e innegable cultura, lo que resulta claro es que no responden a una intención seria y subjetiva de ofender... son perfectamente admisibles dentro del juego del ejercicio de los derechos reconocidos de crítica y libertad de expresión (...) siendo de destacar la enorme prueba documental aportada –caricaturas de periódicos de personajes reales, de políticos, etc.– mucho más atrevidas, incluso más procaces y ofensivas para la intimidad de sus personajes, la abundante prueba testifical de personas de excepcional importancia, así como la pericial (...) no existen motivos bastantes y suficientes para adquirir la convicción firme y absoluta de la existencia del “animus injuriandi” que configura el delito de injurias... pues entran en el juego crítico de toda democracia... y que son una consecuencia lógica del carácter público de sus personajes.» Este informe se adjunta como Anexo 2 a esta sección [ leer informe pericial. Documento en formato PDF, de 70 Kb] Más información sobre este caso puede leerse en la dirección electrónica: http://www.geocities.com/patriciasverlo/cap17.html No se conocen muchos más casos de humoristas españoles demandados en el digno ejercicio de su profesión, pero el hecho de que no hayan trascendido a la prensa o a los medios especializados (incluso a los independientes) no significa que no existieran, únicamente que hay una gran desinformación al respecto. Tebeosfera quiso interesarse por la posibilidad de demandas recientes e inquirió a un nutrido grupo de humoristas españoles sobre la posibilidad de manifestar su testimonio al respecto, para lo cual remitió una mini encuesta a modo de circular. Los resultados pueden leerse en el Anexo 2 de esta página web En lo relativo a la historieta, en España el caso más recordado es el de la obra de Vuillemin Hitler=SS que fue denunciada por un presunto delito de apología del genocidio. A cierto sector del público le pareció aquel tebeo algo desagradable, zafio y nauseabundo, un tebeo fascista y racista. El asunto terminó en el Tribunal Constitucional mientras desde ciertos sectores de la industria de los tebeos españoles se emitieron comunicados en apoyo de la libertad de expresión en aquella ocasión. Se adjunta la sentencia del Tribunal Constitución como Anexo 3 del presente informe. De los documentos aquí presentados se extrae que los humoristas españoles siguen laborando en un ámbito profesional en el que se hallan desprotegidos (son ilustrativos en este sentido los casos de Girón, Carreiro, El Keto), lejos de sindicaciones sólidas, amparados escasamente por la ley y, hoy más que nunca, sujetos a la presión de los oligopolios mediáticos que ya no coartan la libertad de expresión, simplemente la desdibujan como un eufemismo. Existen, sí, asociaciones desde las cuales se asesora a los autores, eminentemente a los ilustradores editoriales y publicitarios, pero también a humoristas e historietistas, como son la ONUH mencionada, el colectivo APIV, Associació Profesional d'Il.lustradors de València, que proporcionan asesoría legal gratuita para los asociados, orientación sobre tarifas de mercado e información variada, además de realizar actividades, exposiciones y publicaciones para promover la obra de ilustradores, caricaturistas, historietistas y humoristas gráficos (Contacto: C/ Peso de la Harina, 5 bajo, Valencia 46003, Comunitat de Valencia, 963498342, http://www.apiv.com, apiv@apiv.com). Otras de objetivos similares son las agrupaciones homólogas de la anterior en Catalunya, APIC (info@apic.es, Teléfono: 934161474), y en Madrid: Agrupación APIM (apimadrid@nova.es). Hoy en día está muy desarrollada ya la agrupación VEGAP, sociedad de autores que gestiona de forma colectiva en España los derechos de propiedad intelectual de los creadores visuales, en una actividad que viene desarrollando desde el 5 de Junio de 1990. Se puede y se recomienda obtener información de la VEGAP en: http://www.vegap.es/inicio.htm Cada profesional que decida a qué colectivo acudir. Lo importante es que sepa que tiene unos derechos y que existe la posibilidad de asesorarse para protegerlos. |
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[ Página web publicada en Tebeosfera 030131. Se agradece a Zulet la cesión del documento pericial para su publicación aquí ] |
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Publicación catalana sobre la cual
rememoraba Pere Prat i Ubach (en el artículo “¡Cu-Cut!”, publicado en
La Nostra Revista en México, en VII-1951, firmado con el seudónimo
Pere de la Fascina y hoy accesible en:
la censura de haber privado a los lectores
del 50% del contenido de sus chistes. Cuando llega la apertura a España,
y la modernización, es cuando se promulga la Ley de
prensa de 1966, con la cual se permite desarrollar un poco más en
libertad el humor. Esa nueva postura
del Régimen consintió que viesen la luz publicaciones como Hermano
Lobo, nacida en 1972 y que jamás sufrió supresión alguna, aunque sí
denuncias, amonestaciones, dos multas y dos secuestros. Tubau ha
sugerido que, para
este caso concreto, la amistad personal que el director Chumy Chúmez
tenía con Alejandro Fernández, Director General de Prensa entonces, pudo
promediar en ese supuesto consentimiento del Poder hacia los autores
satíricos. Únicamente la competencia hizo resentirse a Hermano Lobo,
que tras aparecer Por Favor en 1974 comenzó a declinar en
ventas y desapareció un par de años después.